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Mario Huaman responde “LAS MAFIAS NO NOS VAN A METER MIEDO”



Hace más de un año le hicimos una entrevista, en la que usted nos señaló que uno de los problemas graves que afronta la Federación de Construcción Civil son los crímenes de los pseudosindicatos que cobran cupos para intervenir en las obras.

¿Considera que esta situación ha empeorado?

– Efectivamente, hay más criminalidad y más delincuencia, porque hay total impunidad, no hay ningún detenido.

– ¿Podría relatarnos, para que la ciudadanía recuerde, qué hechos delictivos han ocurrido este año contra los trabajadores de construcción civil?

– Están asesinando selectivamente a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. En estos últimos meses han asesinado aGuillermo Yacila, secretario general de la CGTP del Callao; a Armando Viera, secretario de construcción civil de la misma ciudad; y a Rubén Soberón, secretario regional de construcción civil de Lambayeque. Todos ellos fueron dirigentes sociales calificados. También han asesinado a varios trabajadores en algunas ciudades del país, como Trujillo, Chiclayo, etc.

– ¿Por qué cree que está agravándose esta situación?

– Es que frente a esos asesinatos hay una total impunidad, no hay seguimiento y hasta ahora continúan impunes estos crímenes. Con todo esto quieren meternos miedo e intimidarnos, porque cuando hemos visitado las diferentes regiones del país, nosotros hemos dado a conocer públicamente la relación de mafias y delincuentes, muchos de ellos escudados en pseudosindicatos, que comenzaron con el apoyo del gobierno anterior (de Alan García). Lamentablemente se les sigue dando reconocimiento a delincuentes que no son de construcción civil.

EXTORSIÓN A EMPRESARIOS

– ¿Cómo han respondido los empresarios? Sabemos que también son víctimas de extorsiones de estas mafias.

– Efectivamente, estas mafias extorsionan a las empresas con un tres a cinco por ciento del presupuesto de la obra, en un contexto en el que hay un crecimiento económico que lidera el sector construcción civil. Los empresarios no denuncian las extorsiones porque ya están ubicados por estos pseudosindicalistas, saben dónde viven con su familia. Esas extorsiones no le cuestan a la empresa, sino al Estado. En el presupuesto de la obra hay un rubro llamado gastos generales. Entonces los empresarios allí cargan las extorsiones. Eso encarece las obras y afecta al país.

– ¿Y en el caso de las obras privadas?

– Allí el usuario es a quien le cargan ese cupo. Por ejemplo, si usted quiere comprar su departamento, el empresario va a cargarle la coima o extorsión.

– ¿Cree que hay irresponsabilidad de los empresarios por no denunciar estos hechos?

– Lo que pasa es que hay miles de obras. Como no hay una lucha frontal contra esta delincuencia, que está presente en los colegios, entre los mototaxistas, en tiendas comerciales, se ha generalizado totalmente, porque no se ha tomado medidas efectivas para enfrentar este problema, que afecta la seguridad ciudadana. La mayoría de la población dice que no hay ningún tipo de control. Por eso hay impunidad.

EN LA MIRA

– Como representantes de los trabajadores de construcción civil, ¿qué acciones han tomado?

– Nosotros hemos realizado tres movilizaciones multitudinarias. LA PRIMERA fue en abril; la segunda fue el 12 de julio, donde participaron miles de personas y en la que denunciamos la violencia que afecta a empresarios y trabajadores; y la última del 22 de agosto, en la que nosotros expresamos que se tienen que tomar medidas efectivas.

– ¿Qué consecuencias les ha traído denunciar a estas mafias de la construcción?

– Producto de eso, ahora sabemos que estamos en la mira desde quien habla hasta otros dirigentes como Buenaventura Vera, secretario general de construcción civil de Lima; Armando Inti, de balnearios del sur. Ambos sindicatos agrupan a un total de 25 mil trabajadores. Nuestros compañeros del Callao han accedido a un reporte de inteligencia de la Policía Nacional, y dice allí que la delincuencia en dicha región viene preparando atentados contra Carlos Malásquez y Jorge Zárate. En Chiclayo está pedido desde hace varios meses Wilmer Zegarra, secretario de construcción civil en esa ciudad. Hay varias amenazas en curso.

– ¿Cree que hay alguna responsabilidad de parte de las autoridades, ante esta situación que está creciendo?

– No se han tomado medidas efectivas. Tuvimos dos reuniones con el entonces presidente del Consejo de Ministros anterior, Óscar Valdés, y pedimos que establezca una comisión multisectorial, integrada por representantes de los trabajadores, de la Cámara Peruana de la Construcción, y de los ministerios de Vivienda, Trabajo, Interior, y de Transportes, que tiene que ver con las obras. Sin embargo, esa resolución suprema nos excluyó a trabajadores y empresarios. Pero nos convocaron a dos reuniones, y en ellas dimos nuestros puntos de vista. Pero luego de dos meses de la última reunión en la comisión multisectorial, para hacer el diagnóstico y tomar medidas ante estos crímenes, no hay nada en concreto.

– ¿Y con el gabinete de Juan Jiménez?

– Con Jiménez conversamos en dos oportunidades, y le hemos manifestado algunas propuestas. LA PRIMERA es tener voluntad política, dando un mayor presupuesto y equipamiento a la Policía Nacional, y reivindicarlos con aumentos justos. También hay que apostar por promover un trabajo de inteligencia. Eso es clave, porque ya están ubicados estos delincuentes. Así fue como se capturó a Abimael Guzmán, y así cayó “William” en el Vraem.

-¿Otras propuestas que hayan alcanzado a este gabinete?

– Planteamos la descentralización de la División de Protección de Obras Civiles, que tiene dos años de operaciones en Lima. Hemos solicitado esto en los lugares donde hay mayor criminalidad. Esta violencia ha comenzado en el Callao, y luego se ha extendido a Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Chimbote, Chincha, Cañete, que son los lugares donde la violencia se ha desbocado totalmente.

– ¿Considera usted que es coincidente que en las ciudades donde ha aumentado la delincuencia, ocurra esta violencia contra los trabajadores?

– Es que la corrupción está arraigada en todos los sectores. Eso se evidencia en las denuncias, los asesinatos, la impunidad. En todas estas ciudades hay algunos malos Policías, jueces, fiscales, etc. Por eso le hemos expresado al gobierno que es importante tomar medidas contra la corrupción, porque, al final de cuentas, los ciudadanos de a pie no tienen dinero para denunciar, pero los ladrones sí lo tienen y pueden romper conciencias. El Latinobarómetro da cuenta de que no hay credibilidad en instituciones como el Poder Judicial.

RESPONSABILIDAD DEL APRA

– Para usted, ¿esta corrupción se incrementa en el gobierno aprista?

– Claro; pero además recordemos que en el afán de querer destruir nuestra Federación, el gobierno de García nos dejó totalmente desprotegidos, porque se permitió la creación de pseudosindicatos. Al inicio del régimen aprista había solo dos sindicatos de construcción civil: el de Lima y el de balnearios del sur. Luego aparecieron seis federaciones y 29 sindicatos. Hoy la cifra se ha duplicado a 58; y según informes policiales, más del 85% de registros sindicales están a cargo de delincuentes.

– ¿Qué debería hacerse frente a esto?

– Otra medida que hemos propuesto es la revisión de los registros sindicales, porque estos delincuentes se parapetan en un sindicato para extorsionar. Cuando le hemos manifestado al ministro de Trabajo (José Villena) la revisión de estos registros, nos dice que hay libertad sindical. Pero si hay un gremio que se quiere constituir, tiene que acreditar que sus integrantes son obreros. Este ministro está atentando contra el propio gobierno.

– ¿Por qué considera que el gobierno de García actuó de esa manera?

– Todo esto tiene para nosotros una connotación política. Tenemos cualquier cantidad de evidencia de que con su gobierno se busca dividir a las organizaciones, porque lo hicieron con Aidesep cuando ocurrió lo del Baguazo, creando una organización paralela. Además, antes que García dejara el poder, cinco mil delincuentes vinculados a estas mafias salieron de prisión, y sus antecedentes fueron borrados.

– Usted ha mencionado que los crímenes son más selectivos. ¿Cree que todo esto va camino hacia su persona? ¿Teme por su integridad?

– Lo único que puedo decirle, frente a esos asesinatos que están impunes, es que a nosotros no nos van a meter miedo ni intimidarnos; porque vamos a seguir denunciando a las mafias de delincuentes que hacen daño a nuestro país.

Es un derecho de los trabajadores y de los ciudadanos tener seguridad, y que el Estado no solamente garantice esto para las inversiones, sino para los ciudadanos de a pie, que no tienen dinero para defenderse. Tenemos una ideología sustentada en valores como la defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares, es un compromiso social. Mientras que en otros lugares nadie denuncia, nosotros lo estamos haciendo al precio que corresponda.

– ¿Qué debería hacer la ciudadanía?

– En Trujillo la gente se está levantando contra la corrupción y la delincuencia, y creo que todos debemos levantarnos ante estos problemas. Donde hay corrupción y criminalidad, ambas se dan la mano. Se debe demandar que las autoridades, desde el Ministerio del Interior, la Fiscalía, y el Poder Judicial, deben cumplir su deber.

La primera -Victor Liza

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